Brasil Insólito

Fuente: Noticias Aliadas con información de fuentes noticiosas

Gobierno reconoce responsabilidad del Estado en violaciones a derechos humanos durante dictadura militar.

Con el objetivo de contribuir “al rescate de la memoria”, el presidente Luis Inácio Lula da Silva presentó el 29 de agosto un informe sobre los crímenes cometidos por los regímenes militares que gobernaron entre 1964 y 1985 y que reconoce la responsabilidad del Estado en esos hechos.

El texto, titulado “El derecho a la memoria y la verdad”, registra en casi 500 páginas 479 casos de detenidos-desaparecidos, detallando los nombres de las víctimas y las circunstancias de sus muertes.
El documento, preparado por la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, reúne los datos recopilados desde 1996 por la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos.

"Es un trabajo histórico, donde el Estado reconoce los derechos de los familiares de los brasileños muertos y desaparecidos en el régimen militar”, explicó el presidente de la comisión, Marco Antônio Rodrigues Barbosa. “Significa el rescate de la memoria, de la verdad y, por tanto, de la justicia sin revanchismo. Fue un trabajo de Estado, no de gobierno”.

La presentación se realizó al cumplirse 28 años de la Ley de Amnistía de 1979 que perdonó tanto a militares como a civiles acusados de delitos cometidos durante las dos décadas de represión.

El texto, además de comprobar “muertes por torturas intensas”, sostiene que los militares hicieron esfuerzos “insuficientes” por esclarecer dónde están los restos.

El informe señala que los crímenes descritos se produjeron por “una decisión consciente de los gobiernos de la época” y “con pleno conocimiento de los más altos jefes de las Fuerzas Armadas”, lo que derrumba el pretexto de que los abusos de lesa humanidad habrían sido cometidos por “individuos que actuaron fuera del control de sus superiores”.

Grupos de derechos humanos así como familiares de las víctimas elogiaron el libro como “un progreso para revelar el pasado”.

Victória Grabois, fundadora del grupo Tortura Nunca Más, señaló que “desde un punto de vista positivo, es la primera vez que el gobierno muestra los resultados de las investigaciones, aunque es su obligación; pero hay una segunda fase que muestra el lugar y las circunstancias de las muertes, cosa que el gobierno aún no hizo”.

Si bien el gobierno, a partir de una ley de 1995 que admitió la responsabilidad por la muerte de opositores de la dictadura, pagó indemnizaciones a más de 300 familias, Grabois afirmó que ese dinero “sirvió para aliviar la conciencia de los ex agentes militares”, ya que no hay suma suficiente que “pague por vidas humanas”.

El reconocimiento gubernamental de que los regímenes militares cometieron atrocidades contra sus opositores podría llegar a generar una avalancha de juicios.

Los familiares de las víctimas demandaron la apertura de archivos militares secretos que les permitirá conocer el paradero de sus seres queridos, derecho que fue respaldado por el presidente Lula.

"Una de las heridas que permanecen abiertas de los tiempos de la dictadura es la de localizar los restos mortales de muchos de los opositores muertos. Sus parientes y amigos, siguiendo una tradición milenaria, reclaman el justo derecho sagrado a sepultar a sus seres queridos”, dijo el mandatario.

Por su parte, Rodrigues Barbosa pidió castigo para los militares responsables de torturas y ejecuciones.
“La tortura es un crimen que no prescribe”, manifestó Rodrigues Barbosa. “Es inadmisible que pueda ser olvidada. Esa lucha aún no ha terminado. Los archivos aún no han sido totalmente abiertos y los cuerpos aún no han sido hallados”.